La privatización

ÍNDICE


1. ¿Qué es una privatización?

2.¿Cómo se privatiza?

2.1.¿Quiénes compran?

2.2¿Quiénes ganan?¿Quiénes pierden?

3. Venta de empresas públicas mediante OPV

3.1 Una visión del proceso, deteniéndonos en España

3.1.1 Privatizaciones del PSOE

3.1.2 Privatizaciones del PP

3.2 Privatizaciones en América Latina

4. Justificaciones

5. Privatización como fenómeno global

6. Privatización del sector enérgico

7. Resultados de las privatizaciones

8. Bibliografía

9. Opinión personal







1. ¿QUÉ ES UNA PRIVATIZACIÓN? Definición y acepciones

El término “privatización” plantea muchos problemas para su definición, pues acoge multitud de posibilidades. Quizás en estos casos, lo mejor es acudir al diccionario, por ejemplo el de la Real Academia nos detalla: “Transferir una empresa o actividad pública al sector privado”. Por tanto, vemos que no sólo supone la venta de derechos de propiedad sobre empresas (acciones). La definición también incluye la transferencia de actividades públicas al sector privado (por ejemplo, vigilantes de seguridad privados custodian edificios públicos). Yendo un poco más allá, entenderemos la privatización como un proceso económico, político y social de reestructuración.
Tal como nos proponen Brugué y Gomá (1996), para centrar la discusión, podemos analizar la privatización estableciendo 3 ámbitos:
· Regulación (económica, social y administrativa)
· Distribución
· Propiedad.
En cada uno de estos aspectos, la actividad podrá ser realizada o por el sector público o por el sector privado. En el caso de la regulación, o bien puede ser la autoridad pública la que fije el marco ó el mercado y por lo tanto, supuestamente, la libre competencia. En la distribución, aunque la regulación se lleve a cabo por el sector privado puede a su vez realizarse de forma pública a través del presupuesto o de forma privada mediante la competencia; por último, la propiedad de la entidad que realiza la producción puede ser pública o privada.


2.¿CÓMO SE PRIVATIZA?
La primera fase para la privatización de una empresa es la preparación de la venta, aún cuando la presión de la situación puede considerarse como uno de los factores más importantes que incide en la celeridad con la que se trata de vender la empresa también existen elementos de política determinantes para la preparación de la venta. La reestructuración es un paso previo a la privatización, en algunos casos la reestructuración es absolutamente necesaria para promover la competencia o facilitar la venta, pero la reestructuración tiene riesgos y plantea problemas importantes. En primer lugar, puede resultar una operación que consuma demasiado tiempo, dando lugar a que se pierda la oportunidad de privatizar. En segundo lugar, puede demandar recursos importantes de los cuales carece el estado. En tercer lugar, puede ocurrir que la reestructuración disminuya el número de potenciales interesados si ella no coincide con los programas de inversión que estos últimos tienen.
Por estas razones es posible concluir que la reestructuración de las empresas públicas como paso previo a su privatización sólo debe ejecutarse cuando se cumple alguna de las tres siguientes condiciones.
Cuando se requiere para permitir o promover la competencia
Cuando es absolutamente necesaria para hacer posible la venta
Cuando el estado tiene claras ventajas comparativas para el sector privado para adelantar la reestructuración de que se trate.
Reestructurar por estas razones, tales como la posibilidad de mejorar el precio de venta final de la empresa, implica suponer que el Estado tiene mayor capacidad de agregar valor que el sector privado, esta es una actividad de la cual precisamente se esta retirando el estado. En este sentido cabe decir que las mismas razones que conllevan a la privatización, deben conllevar a dejar que sea del sector privado la tarea de la reestructuración de las empresas a privatizar.
La segunda fase de la privatización es el método de venta, hasta ahora se han experimentado una amplia gama de esquemas o modalidades de privatización y se sigue innovando en este campo. Por lo que no existe un patrón fijo, obviamente la modalidad de privatización ha estado en alto grado determinada por el tipo de empresa o actividad que se privatiza, pero en general, la fórmula que ha predominado es la de la búsqueda de un inversionista estratégico al cual se le vende un porcentaje de acciones con el control de la empresa. Otro porcentaje de las acciones, que suele estar entre el 4% y el 20%, se le vende a los trabajadores de la empresa privatizada y el resto lo lleva el gobierno al mercado de capitales. Este ha sido el esquema utilizado en la venta de empresas de telecomunicaciones, eléctricas y muchas otras. Podríamos decir que este ha sido el esquema predominante en las grandes empresas.
El objetivo de conseguir un inversionista estratégico para las grandes empresas que se privatizan ha predominado claramente sobre otros objetivos de política como el desarrollo del mercado de capitales. En la venta del bloque accionario al inversionista estratégico ha predominado ampliamente la licitación pública.
Ello a contribuido de manera notable a darle transparencia a los procesos de privatización, lo que a su vez ha contribuido a darle a ésta viabilidad política. En este sentido es digno destacar que, siendo la privatización un proceso en el cual están involucradas continuas y cuantiosas operaciones mercantiles, no se ha convertido dicho proceso -como se pronostico en algunos casos- en un centro de escándalos o de corrupción en ningún país de América Latina.
Luego de haber desarrollado el esquema sobre el método de venta se procede con el tercer paso, el criterio de selección de los compradores, al igual que con el método de venta no ha existido un único método ni siquiera en el interior de cada país para seleccionar los compradores finales de las empresas públicas a privatizar. Sin embargo, es posible apreciar un hecho y una tendencia dominante:
El precio ofertado ha sido el elemento más importante para la selección de nuevos inversionistas.
El precio ofertado tiende a ser el único elemento para decidir la selección del nuevo propietario.
En numerosos casos de privatización en América Latina, el precio ofertado por los inversionistas interesados ha tenido una ponderación alta o dominante en la selección final; pero ese no ha sido el único elemento. Se le ha dado alguna ponderación también a los planes de inversión de los competidores. Sin embargo, en los casos de privatización más reciente, el programa de inversión mínimo lo defiende el gobierno y se convierte este en una exigencia igual para todos los inversionistas. Estos, habiendo sido ya precalificados, compiten estrictamente sobre la base del precio ofertado.
La utilización de un único criterio (especialmente el precio) para la selección de los compradores de la empresa tiene dos grandes ventajas. Simplifica enormemente el proceso de selección, al remitirlo a un único indicador cuantificable y, por lo mismo, le dan gran transparencia al proceso. Habiendo sido previamente precalificados los potenciales inversionistas y habiendo sido igualmente definido el plan mínimo de inversión (cuando ello procede) por el estado, se asegura que cualquiera sea el que gane de entre los compradores, se habrá hecho una buena decisión.

2.1.¿QUIÉNES COMPRAN?
La pregunta sobre quienes compran las empresas públicas, ha sido un tema de debate en toda América Latina y en general, en todos los países con programas importantes de privatización. Tres tipos de preocupaciones han emergido fuerza:
Preocupación por la "extranjerización"
Preocupación por la "monopolización"
Preocupación por la "calidad del sector privado comprador"
Con respecto al tema de la "extranjerización" es evidente que la privatización ha servido para captar y traer la región volúmenes importantes de inversión extranjera. Pero eso ha sido un objetivo expresamente deseado de la política. Más aún, la privatización (como se refirió en otra parte) generalmente se ha desarrollado con el contexto de un marco de políticas mucho más amplio que, entre otras cosas, ha liberalizado de manera importante los códigos de inversión extranjera. Pero la presencia de mayores montos de capital extranjero (que la nación necesita) no puede confundirse con la "extranjerización" de la economía en el sentido de que el estado o los nacionales pierden el control sobre su economía. Tal cosa no es verdad por dos razones:
En primer lugar porque al mirar la forma como nacionales y extranjeros han participado en procesos de privatización en distintos países, se constata que en general los nacionales han tenido un rol protagónico mucho mas fuerte.
En segundo lugar porque al lado de los procesos de privatización se ha producido una renovación del aparato estatal, medido al menos en su capacidad regulatoria, que lejos de debilitarlo lo ha fortalecido.

2.2.¿QUIÉNES GANAN? ¿QUIÉNES PIERDEN?

Un estudio reciente (Galal 94) discute las consecuencias de la privatización sobre el bienestar social . El trabajo analiza los casos del Reino Unido, Chile, Malasia y México. Se evalúa el comportamiento de un total de 12 empresas y se compara el desempeño de la empresas en el período post-privatización con el comportamiento que se presume hubiesen tenido estas empresas de haber continuado en manos del Estado. El trabajo intenta cuantificar los efectos de la privatización sobre los distintos actores económicos (compradores de la empresa, consumidores, gobierno, competidores y trabajadores). Las empresas latinoamericanas evaluadas son Chilgener y Enersis (electricidad) y Compañía de teléfonos en el caso de Chile; y Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Compañía de teléfonos, en el caso de México. La síntesis de los diferentes casos indica lo siguiente en relación a los diferentes actores económicos:
Trabajadores: de los doce casos estudiados, los autores encuentran que en ninguno los trabajadores pierden como resultado de la privatización; mientras que en diez de los casos resultan ganadores. Los trabajadores resultan beneficiados de la revalorización de sus acciones en varios casos que incluyen Teléfonos de Mexico y Enersis, la distribuidora eléctrica chilena.
Consumidores: Los autores encuentran que los consumidores pierden en cinco de los casos estudiados, como consecuencia del aumento en los precios de los bienes producidos por las empresas privatizadas. Sin embargo, esta consideración no evalúa -tal como los propios autores lo reconocen- si el incremento de precios se requería para hacer viable la empresa en cuestión o si se trató de un ejercicio de poder monopólico de la empresa en perjuicio de los consumidores.
Gobierno y compradores: En todos los casos, las ganancias de las empresas se incrementaron. Por otra parte, el impacto fiscal fue positivo en nueve de los doce casos.
Extranjeros y nacionales: A los inversionistas extranjeros les va bien en los procesos de privatización, pero a los nacionales les va aún mejor. Los grupos nacionales aparecen ganando en todos los casos, excepto en Mexicana de Aviación. Los inversionistas extranjeros aparecen perdiendo en tres casos: British Airways, Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Aun cuando no se expresan explícitamente en las declaraciones de política oficial, emergen en el discurso de quienes tienen la responsabilidad directa de impulsar la privatización dos objetivos adicionales a los anteriores:
Al sumar estos cuatro objetivos que usualmente se proponen los gobiernos mediante los programas de participación de los trabajadores en el proceso de privatización, resulta claro que si resultan bien ejecutados, tales programas, además de facilitar la venta de las empresas, pueden incrementar igualmente su valor.
Aún no existe mucha información sobre cómo se han desenvuelto los programas de participación laboral en los procesos de privatización de la región. Generalmente estos son anunciados al inicio del proceso, pero luego toma tiempo para que se concreten. Por lo tanto, poco se sabe sobre el verdadero impacto de esta política en términos de número de trabajadores que hoy son accionistas de las empresas o transferencia real de riqueza que se produjo a su favor. Por su trascendencia, este tema debería formar parte de la agenda de investigación de aquellas instituciones preocupadas por el bienestar de los trabajadores.


3. VENTA DE EMPRESAS PÚBLICAS MEDIANTE OPV

De todos los sentidos que puede tomar la privatización, el más evidente es el cambio de propiedad de las empresas públicas. Existen muchos métodos para la venta de las empresas públicas: OPV, concursos, subastas, venta directa negociada, operaciones de amortización, operaciones de ampliación de capital, fusiones, block trade, OPA, etc.
Una OPV supone la “colocación” en bolsa de la empresa pública mediante emisión de acciones, que deja de ser empresa pública cuando las acciones son compradas por el sector privado. En otras palabras, la empresa se convierte en Sociedad Anónima. Tenemos dos tipos:
· OPV subsiguientes: en el momento de la venta, sea por lo que sea, la empresa ya cotizaba en bolsa. Tiene la ventaja de que existe un precio de referencia en el momento de la venta.
· OPV iniciales (o del inglés, IPO): el precio de venta se establece por negociación. Suelen dar lugar a especulación, pues el precio de salida no suele estar bien ajustado.

3.1 Una visión del proceso, deteniéndonos en España.
Aunque las privatizaciones son hoy un fenómeno mundial, es un proceso reciente (principalmente las últimas dos décadas).
El primer país que realizó privatizaciones a gran escala (sin contar con Estados Unidos, pues la naturaleza de su sector público es diferente a la de los países europeos) fue Reino Unido con la llegada del gobierno conservador de Margaret Tatcher. Cuando “la dama de hierro” llegó al poder en 1979, un 11,5 % del PIB correspondía a empresas públicas. En 1987 tras su tercera elección, esta participación se había reducido al 7 %. Más de medio millón de empleados se transfirieron al sector privado. Fue el disparo de salida. En pocos años, este fenómeno iba a repetirse en todos los países europeos y del mundo. Es destacable señalar, que mientras Reino Unido privatizaba, la Francia de Mitterand seguía la política opuesta y nacionalizaba. Finalmente, la balanza se decantó hacia la opción privatizadora. Sobretodo en los años 90, el proceso se generalizó mundialmente, convirtiéndose en un pilar básico de política económica.

· ESPAÑA
Es evidente que toda la política privatizadora de los últimos 20 años en España viene influenciada por el hecho de pertenecer a la CEE (ó UE). Por tanto, no está de más describir brevemente cómo ha impactado en términos de política económica (y concretamente en las privatizaciones) el proceso de integración europea.
Ya desde los Pactos de la Moncloa, se fijó como un objetivo importante el ingreso en la CEE. La primera petición formal de ingreso se solicitó en 1979 bajo el gobierno de la UCD. Fue necesario adaptarse políticamente, lo que supuso tomar medidas económicas de fuerte contenido neoliberal. Aquí podríamos decir que ya estábamos “dentro del círculo”.
Por tanto, el proceso liberalizador encaja con el proceso de integración europea “Acta Única” (1986) y posteriormente, Tratado de Maastrich (1993). Respecto a las privatizaciones, el Acta Única influyó más indirectamente, o sea, el hecho de pertenecer a la CEE hizo que siguiéramos las políticas que se estaban generalizando en Europa por múltiples razones: justificaciones económicas, siguiendo la tendencia general, etc. En cambio, el tratado de Maastrich pudo influir más directamente sobre las privatizaciones, pues obligaba a cierto ajuste en el déficit público y los cuantiosos ingresos por venta de empresas pudieron ayudar mucho a lograr este objetivo. De todas maneras, opino que pertenecer a la UE motivó las privatizaciones. Creo que se hicieron más por inercia, en el sentido de “hacer los que se está haciendo en Europa” que porque realmente porque fuera necesario.
En España, el grueso de las privatizaciones se dio básicamente durante la primera legislatura del PP, dónde éstas fueron uno de los pilares básicos de la política económica. Pero fue durante el mandato de PSOE cuando observamos las primeras medidas privatizadoras, sin embargo, fueron cuantitativa y cualitativamente diferentes.


3.1.1 PRIVATIZACIONES DEL PSOE (hasta junio 1996)

El rasgo más destacable de este periodo es que no existía plan global de privatizaciones: según desde que sectores esto se veía mal, pues era el único país de su entorno que no seguía una política activa de privatizaciones con un objetivo claro. Toda medida privatizadora tenía una motivación concreta, si no era necesario privatizar, no se hacía. Los objetivos se iban adaptando a cada caso.
Todo empieza de manera imprevista, con la devolución al sector privado de muchas de las empresas del grupo “Rumasa”, expropiado en febrero de 1983. Es un dato importante porque el volumen de este grupo era considerable: lo formaban 800 empresas que daban trabajo a 45.000 personas.
Posteriormente, el PSOE comenzó a deshacerse de las empresas que componían el INI, muchas de las cuáles eran deficitarias. El sector público era incapaz de mantenerlas a flote, pues la competencia internacional era muy fuerte. Necesitaban un socio tecnológico que las comprara. Como ejemplos más representativos destacan SEAT y ENASA. Otro hecho diferenciador respecto a las privatizaciones que vendrán después es que supusieron un coste para el Estado (se calcula que fueron 76 mil millones de saldo neto negativo del conjunto de privatizaciones realizado por el INI entre 1985 y 1994, incluyendo las OPV de Endesa).
En 1988, se inicia un nuevo tipo de privatizaciones que posteriormente van a tener gran importancia. Se diferencian de las anteriores en muchas cosas, cómo por ejemplo a la clase de empresa y en los métodos de venta. Suelen ser grandes empresas (generalmente monopolios) con beneficios. Para venderlas se suele utilizar la OPV. Se incentiva a los minoristas (en teoría, gente de “a pie”) para que compren acciones. Otra diferencia respecto a las políticas del PP es que en estos años el Estado nunca perdió el control de las empresas, reservándose el porcentaje de acciones pertinente. Por tanto no fue una privatización en el sentido estricto, la gestión seguía en manos públicas. En total se realizaron 16 OPV de empresas públicas hasta junio de 1996 que supusieron unos ingresos cercanos a 2,2 billones de pesetas (reales).
Como consecuencia de todo esto, empieza a caer la importancia del Estado en la capitalización bursátil: del 16,39 % (1993) al 10,87 % (1996).


3.1.2 PRIVATIZACIONES DEL PP (desde junio 1996 hasta junio 2001)

Al mes siguiente de que el PP tomara el poder, ya existe un programa explícito de privatizaciones. Esto supone una importante diferencia con el periodo anterior, pues se establecen unos principios generales que hay que seguir para ser coherentes. Antes la privatización se hacía cuando se creía que era necesaria. A partir de ahora se privatizará por inercia, siguiendo la tendencia mundial y en concreto de la UE.
Así pues, la política de privatizaciones tendrá un carácter global en 2 sentidos:
· Afecta a la gran mayoría de empresas que posee el Estado, excepto de las que proporcionan servicios públicos básicos (sanidad, educación, etc.), aunque como veremos después, estos sectores también están sufriendo una fuerte presión privatizadora, pero más “camuflada”. También hay otras excepciones como HUNOSA, totalmente inviable, que se mantiene por miedo a revuelta social.
· Se vende el 100 % del capital. Por tanto, el Estado se desprendió totalmente del control de la gestión.
Puesto que existía un programa de privatizaciones global, el objetivo de las mismas también era global. Desde el gobierno se entendía (y se entiende) las privatizaciones como un instrumento más de política económica para liberalizar la economía, buscando que ésta sea más eficiente y competitiva con la ampliación de la utilización del mercado.
Cuantitativamente, desde junio de 1996 hasta mayo de 2001 se privatizaron 39 empresas, reportando unos ingresos de 4,8 billones de pesetas, de los cuáles 4 billones corresponden a OPV. A pesar de su importante valor absoluto, sólo se privatizaron 12 empresas mediante OPV. Aquí se demuestra lo importantes que fueron cada una de estas privatizaciones: se movió mucho dinero.
¿Por qué se optó por la OPV mayoritariamente y no por otros sistemas de venta? Según el gobierno, la OPV presenta ventajas: más transparencia, concurrencia y publicidad. Además la venta se realiza en un marco regulado vigilado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En este periodo y bajo este método de venta nos encontramos con las privatizaciones más conocidas: Gas Natural, Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria, Tabacalera mediante OPV subsiguientes y Aldeasa, Aceralia, Indra, Red Eléctrica Española e Iberia a través de OPV iniciales. Tras estas ventas, es cuando el Estado ya ha perdido prácticamente todo su peso en la capitalización bursátil: del 10,87 % (1996) al 0,54 % (2000).
Finalmente, cabe destacar que en ambos períodos (PSOE y PP, aunque sobretodo durante éste último) la compra de acciones por parte de los tramos minoristas han sido los protagonistas de este proceso privatizador (48 % y 68 % respectivamente del total de las OPV).


3.2 Privatizaciones en América Latina

En países donde el sector público es corrupto por naturaleza, es muy probable que el sector empresarial será al menos igual o peor. Además, privatizar en países con una estructura social débil sólo puede contribuir a debilitarla más. Otro de los argumentos que se contradicen es el de la reducción del excesivo tamaño del sector público: en estas naciones, en muchas de las cuáles el gasto público es ridículo y la mayoría de la población no disfruta de los servicios públicos básicos, es incompresible la privatización por esta causa.
En América Latina, en pocos años, este proceso ha transferido el control de la producción al sector privado de este continente. Todos y cada uno de los sectores han sido afectados (carreteras, recursos naturales, zoológicos, parques, plantas productoras de acero, servicios públicos, redes de telecomunicaciones, etc.). Este movimiento ha implicado el traspaso de propiedad social, entre 1990 y 1996, por un precio calculado en 72 mil millones $. Buena parte de las adquisiciones han corrido a cargo del sector privado nativo, pero aquí encuentra un lugar muy destacado el sector transnacional. Vale la pena señalar que España invierte casi el 90% de su capital dedicado a la compra de empresas en esta situación en América Latina. Pero allí también están empeñados grandes capitales del Reino Unido, de Francia, Suiza, Alemania, y obviamente de los EEUU.
Desde México hasta Argentina, pasando por las islas del Caribe, prácticamente todos los países de la región han hecho algún tipo de privatización en los últimos quince años. En algunos casos como Chile, Argentina, México y Perú, se ha tratado de una política verdaderamente activa, que ha llegado a convertirse en uno de los pilares de sus programas de reforma económica. Hoy vemos las consecuencias de estas políticas, sobretodo en Argentina.
Esta oleada privatizadora sufrida es una de las expresiones que tiene la globalización en América Latina. Está contribuyendo a obtener todas las ventajas posibles de una situación de sometimiento debida al gran proceso de endeudamientos internacionales de las últimas dos décadas. Estas ventajas se acumulan a favor del sistema internacional de acumulación y de concentración. De paso dejan completamente fuera de la distribución del producto a cada uno de los países afectados por estas medidas: gran parte de los beneficios se los llevan grandes empresas internacionales, es lógico, estas empresas no entran en América Latina por altruismo, sino para sacar dinero.
La justificación de las privatizaciones suele ser garantizar el saneamiento fiscal y el pago de las deudas. Pero las deudas públicas de América Latina suman ya más de 650 mil millones de dólares, en tanto los ingresos estatales en los últimos 10 años, derivados de esta fiebre de ventas no suman más de 73 mil millones de dólares. El problema de la deuda externa no será paliado por las privatizaciones. Ésta sigue devorando el 30% de los ingresos anuales de Latinoamérica, y la política de privatizaciones no está prometiendo crecimiento. Además, muchas de estas empresas vendidas, reportaban ingresos a largo plazo que ahora ya no se producirán. Es como un camino sin retorno.


4. JUSTIFICACIONES: Cómo se defiende la privatización y cómo se ataca.

En este apartado, se pretende responder a una pregunta fundamental: ¿cómo se justifica la privatización para que ésta sea una política central en todos los países? Desde los gobiernos se dan determinadas explicaciones cargadas de argumentaciones económicas, pero estudiándolo a fondo, veremos que a menudo no son del todo ciertas ó fallan en los supuestos sobre los que se sustentan.
La explicación oficial insiste en que el Estado interviene demasiado, alterando el "libre" funcionamiento del mercado. Lo anterior impide la óptima asignación de recursos y la mayor eficiencia así como, con ello, el equilibrio, el crecimiento, la estabilidad e incluso la mejora de las condiciones de vida de la población. Lo veremos más detalladamente.
Pero la privatización parece más un instrumento que se justifica tanto por razones recaudatorias como por la necesidad de redefinir el papel del gobierno.
Primero, analizaré los argumentos que se suelen utilizar tanto para justificar las privatizaciones como para defender la necesidad de reducir el tamaño del sector público:
· Argumentos clásicos de la teoría económica: Aunque la mayor parte de las privatizaciones se realiza bajo el amparo de las doctrinas neoliberales, el fundamento teórico de las mismas es la vieja economía clásica. Concepto básico: la eficiencia productiva del sector privado en el mercado es muy superior a la del sector público, por tanto, el Estado debe intervenir lo mínimo posible en la economía. Pero hay que decir que los conceptos neoliberales se han suavizado. Aceptan los fallos de mercado (y por tanto se permite mayor intervención estatal). Al mismo tiempo, toman la definición de bien público como contingente (por ello, cuando un bien ya no es considerado público, debe dejar de proveerse de manera colectiva). Admite algunos de los planteamientos de la Economía del Bienestar (existen fallos de mercado), pero creen firmemente que el desarrollo del mercado y la tecnología pueden solucionarlo a largo plazo. Otro cambio es que consideran que el mercado es eficiente cuando no existen barreras de entrada para compradores y vendedores (frente a la idea de la economía clásica liberal: la eficiencia se da cuando los agentes no pueden influir en el precio).
· Reconocimiento de la eficiencia de mercado: Desde la 2ª Guerra Mundial hasta el último cuarto de este siglo, gracias a las teorías keynesianas y la fuerza de los partidos socialdemócratas, la necesidad de intervención del Estado ha sido la filosofía dominante. Pero estas creencias han cambiado. Tanto académicos como políticos se han ido convenciendo de que el Estado es ineficiente por naturaleza. Además, en un entorno internacionalizado (competencia global) parece que la empresa privada puede competir mejor. Asimismo, en el caso de las OPV, la cotización en bolsa puede hacer que mejore la gestión de la empresa debido a los controles adicionales que aporta la cotización en los mercados.
· Ampliación del número de propietarios de acciones: Creación a largo plazo una cultura de accionistas en la población en general (aunque desde mi punto de vista, parece más una consecuencia que un objetivo...).
· Reducción de las tensiones presupuestarias: Muy importante en los países de la zona €, pues el tratado de Maastrich es muy estricto en este sentido. Se consigue por dos vías: gracias a los ingresos por las ventas de empresas y además, en ocasiones, se quitan de encima compañías deficitarias que también suponen un ahorro. Existe cada vez mayor preocupación en los países desarrollados por evitar elevados volúmenes de déficit. Esto viene relacionado con el punto f), pues la nueva gestión pública también busca aflojar la presión sobre el déficit público, ¿cómo? Eliminando actividades no esenciales, creando nuevas estructuras organizativas, subcontratando, privatizando, etc.
· Teoría de los fallos del gobierno: es una teoría paralela a los fallos de mercado, pero desde el punto de vista opuesto: critica al Estado del Bienestar. Llamada también “teoría de la elección pública”. Busca las ineficiencias y/ó injusticias que hay detrás del proceso colectivo. Plantea que la intervención del sector público en la economía supone sus propios costes y que estos son mayores que la utilización de un mercado de competencia perfecta. ¿De dónde provienen estos costes? Un tipo de modelos se basa en la burocratización: el Estado del Bienestar se extendió a través de la burocracia. Pero esta burocracia se ha convertido en causa y efecto de la ineficiencia. Hay modelos analíticos que intentan justificarlo (en Economía del Sector Público vimos uno: el burócrata maximiza el presupuesto de su departamento en interés propio, por ello produce una cantidad excesiva, y por tanto ineficiente). Otro tipo de modelos hablan de “internalidades”: los organismos públicos cuentan con metas internas privadas y éstas inciden en el comportamiento de los mismos. Son la otra cara de las externalidades del mercado.
· La nueva gestión pública: es otra fuente de argumentos que se utiliza para justificar las privatizaciones en un sentido más amplio. Se basa en introducir el espíritu empresarial en la transformación del sector público (es, por ejemplo, lo que se está haciendo en Correos). Esto se engloba dentro de la redefinición de los papeles del gobierno, debido a la evolución de la sociedad. La sociedad está cambiando. Se debe replantear las relaciones entre el sector público y la sociedad. ¿Cómo cambia la sociedad? Globalización, nuevas tecnologías de la información, cambios en los tejidos sociales (envejecimiento de la población, más educación, más heterogeneidad social, alta participación de la mujer en el mercado laboral, crónico alto desempleo estructural, etc). Se demanda más servicios públicos de lo que se puede ofrecer con la organización tradicional del Estado del Bienestar. Es un problema de recursos. En un entorno de reducción del déficit público, todos esos cambios sociales hacen que se tengan que reexaminar casi constantemente las asignaciones de los recursos escasos.
· El argumento de que no hacen falta argumentos: pese a todas las explicaciones anteriores (que son discutibles), la mayoría de las veces se privatiza sin justificar la razón para ello. La desigualdad que genera el mercado nadie la discute, se acepta simplemente. Hubo épocas (muy recientes, por cierto) en que esto no fue así. La teoría económica del Bienestar defiende que no se puede conseguir la equidad en el mercado, pues las dotaciones iniciales de los individuos son diferentes. Hoy día, cada vez menos gente pone de relieve esta desigualdad. Se nos hace creer que cada uno recibe en función de su esfuerzo, que el que no recibe algo es porque no se ha esforzado suficientemente y por tanto genera una productividad marginal pequeña. En este marco, se considera el mercado como el paradigma. Los procesos de privatización son volver al estado natural de las cosas. Pero es curioso como para volver a lo natural ha sido necesaria la intervención de las instituciones internacionales para que los gobiernos privaticen. FMI, BM y OCDE luchan por la expansión del mercado. Fuerzan a muchos países, sobretodo del tercer mundo, a privatizar cómo condición a la concesión de créditos.
Una vez analizados algunos de los argumentos típicos que defienden la privatización, voy a mostrar la visión opuesta, enumerando las ideas que respaldan la intervención del sector público en la economía. Son explicaciones meramente económicas. Existen razones también muy potentes de carácter social en las que no entraré.
Antes de empezar, hay que atender a la equidad (distribución de la renta resultante del mercado). Una asignación de mercado eficiente no tiene porqué ser equitativa, sólo esto ya justifica la intervención del Estado. Esta idea es importante, pues actualmente muchas privatizaciones se llevan a cabo atendiendo sólo a la eficiencia y dejando de lado la equidad.
· Eficiencia y óptimo de Pareto: como hemos podido observar en los argumentos opuestos, todo gira en torno a la eficiencia. Nos la muestran como una idea objetiva que no permite discusión. Si es eficiente, debe hacerse, sin más. Pero las cosas no son tan claras. Un análisis con instrumentos económicos tan básicos como el óptimo de Pareto, nos demostrará que la eficiencia teórica no se adapta en muchos casos a la realidad. Una asignación eficiente es un óptimo de Pareto: nadie puede mejorar sin que empeore otro. Este juicio de valor implica, por ejemplo, que si un individuo rico mejora y uno pobre se queda igual, esto resulta “bueno”. ¿Se puede afirmar esto con toda seguridad? Con esto, se quiere demostrar que la eficiencia no es objetiva totalmente, depende en mucha medida de los juicios de valor. Sólo es objetiva si damos por hecho el óptimo de Pareto.
· ¿Existe el mercado perfecto? Si a pesar de todo, consideramos que una situación eficiente siempre es mejor que una ineficiente, necesitamos un mercado perfecto para que esta asignación eficiente ocurra. No voy a enumerar todas las condiciones que requiere un mercado perfecto, pero pondré dos ejemplos que son muy ilustrativos: barreras de entrada y número muy elevado de productores y consumidores de manera que ninguno pueda influir en los precios. Escogeremos uno de los sectores más privatizados: telecomunicaciones. No cualquier productor puede entrar en el mercado a ofrecer su producto, existen enormes barreras a la entrada. Además, es clarísimo que los productores pueden influir en los precios, es más, los establecen ellos. Como podemos ver, no se cumplen las condiciones de mercado perfecto, por tanto, no se puede afirmar con tanta soltura que el mercado “real” (ni mucho menos perfecto) produce asignaciones eficientes. La privatización con la transferencia de actividades hacia un mercado imperfecto, no se puede considerar como eficiente.
· Fallos de mercado: Son los argumentos más tradicionales que justifican la intervención del Estado. Incluso si el mercado fuera eficiente, podríamos encontrarnos con estas situaciones: externalidades, bienes públicos, rendimientos a escala crecientes, estructura de mercado, incertidumbre, etc. Cada una de estas aspectos son razones suficientes para la existencia de un Estado intervensionista.
· Equidad: El resultado de una asignación depende de los recursos iniciales (riqueza, educación, formación, relaciones, etc.) de los que disponga el individuo. Cuál es la distribución de la renta correcta es un tema complicado (todo el mundo quiere más). El gobierno se supone que actúa en representación de las preferencias de la sociedad, y por tanto, debe intervenir para lograrlo. Puede que esa intervención acabe en una asignación ineficiente en el sentido de Pareto, pero eficaz en el sentido de la búsqueda de la equidad. De todas maneras, la equidad es un tema complicado que requiere juicios de valor para su discusión. Lo único que se puede decir es que el sistema de mercado nunca busca la equidad: el mercado se fundamenta por aumentar las diferencias entre unas personas y otras.
Una vez vistos los pro y contra de la utilización del mercado ó la intervención estatal, concluyo que ambos sistemas son imperfectos. Esto debe suponer un punto de partida para cualquier discusión sobre la conveniencia de privatizar una actividad o no hacerlo.


5. PRIVATIZACIÓN COMO FENÓMENO GLOBAL

A pesar de la creciente influencia de ciertos organismos internacionales en el diseño de las políticas de distintos estados, es difícil encontrar en estos momentos un fenómeno de tan amplia extensión tanto en lo referente a países, como a niveles de gobierno, como a sectores de actividad. Se puede llegar a afirmar que en la actualidad es imposible encontrar algún país donde no se estén produciendo (o se hayan producido) corrientes privatizadoras.
Se podía llegar a pensar hace unos años que había que reducir el sector público hasta llegar a un cierto nivel de gasto y de Estado el Bienestar. O incluso que la caída del bloque comunista llevaría a privatizar. Pero lo sorprendente es que la ola de privatizaciones se ha extendido en todo el mundo como una epidemia. Parece que la necesidad de privatizar no responde a variables económicas; más bien se ve como una receta de política económica de validez universal. Una vez más, los datos nos demuestran que el proceso no responde a ninguna lógica: países con un gasto público irrisorio (inferior al 15 % del PIB) han llevado a cabo procesos privatizadores (Argentina, Guatemala, Indonesia, El Salvador, Perú, Filipinas, etc.). En este sentido, la actuación de algunas instituciones internacionales como la OCDE, FMI o el BM tiene mucho que ver con esta situación. A parte de las duras condiciones de la deuda externa (lo que les lleva a privatizar en busca de recursos: Argentina como caso más claro), estos organismos estimulan la utilización del mercado en detrimento del ente público, como una medida de política económica más.
Parece pues, que las privatizaciones obedecen a una necesidad técnica que hace que no dependa para nada del color político del partido que ostente el poder. Hubiéramos podido pensar cuando se iniciaron las privatizaciones “tatcherianas” en la Gran Bretaña de los 70, que éstas acabarían o se frenarían con un gobierno laborista, relacionando privatización con filosofía liberal, de derechas. Pero el tiempo demostró que esa relación no se cumple: la liberalización de la economía es general e imparable, no entiende de partidos. España, Nueva Zelanda y Suecia son tres ejemplos claros de privatizaciones iniciadas y desarrolladas por partidos considerados socialdemócratas.
Ya por último, resaltar que la reducción del sector público, en sus distintas manifestaciones, afecta a una gran variedad de sectores. Al igual que no hay países en los que el fenómeno no se produzca, tampoco hay sectores que no estén influidos de una u otra manera. Encontramos numerosos ejemplos: pensiones, sanidad, seguridad, prisiones (en EEUU es usual), servicios de atención al ciudadano, telecomunicaciones, petróleo, gas, electricidad, sector aéreo, ferrocarriles, ciclo del agua, etc.

6. Privatización del sector energético
La privatización del sector energético es un tema actual de controversia en muchos países. Este término se refiere al proceso de conversión del sector energético de un régimen paraestatal hacia uno en el que el sector se encuentre abierto al mercado de las empresas privadas.
Existen muchos argumentos sobre si en verdad se debiese privatizar este sector que siginifica una gran parte de ingresos nacionales en muchos países. Las tres principales razones que impulsan a la gente a pensar en contra de ello son:
· La extranjerización: la compra y control del sector de forma total o parcial por parte de empresas privadas extranjeras.
· La monopolización: el dominio de facto de una sola empresa privada sobre todas las demás, en la que los recursos e ingresos se dirigen a una sola empresa.
· El desempleo: aunque nuevas empresas privadas traerían nuevos empleos consigo, miles de trabajadores que anteriormente se encontraban en las empresas gubernamentales quedarían sin trabajo.


7. RESULTADOS DE LAS PRIVATIZACIONES, visión crítica

Como he mencionado antes, hay una gran dificultad para hacer un análisis empírico por la ausencia de datos, pues es un proceso todavía reciente y la pluralidad de significados hace que para los análisis cuantitativos se tenga que concretar el ámbito, como en el apartado sobre las OPV de este trabajo. Por tanto, presentaré una visión concisa y crítica de los aspectos generales.
El aumento de competencia en los sectores privatizados no es sistemático. En muchos sectores se está tendiendo a procesos de concentración monopolística ó oligopolística a escala mundial.
En términos de eficiencia, utilizo el mismo argumento. No creo que pasar de un monopolio público a uno privado suponga un cambio más eficiente, pues siguen existiendo unas rentas extraordinarias. Además, no está demostrado que el monopolio privado sea más eficiente que el público.
Respecto a la equidad, es lógico deducir que las privatizaciones aumentan la desigualdad, pues el sector privado no actúa en defensa de la igualdad, sino en maximizando el beneficio.
Pero aún y así, pese a las privatizaciones, la importancia del Estado en la economía sigue siendo muy importante El cuadro siguiente muestra los gastos de las Administraciones Públicas en % sobre el PIB. Vemos que el peso sigue siendo notable. Esto se entiende porque a pesar de que muchos servicios los produzca una empresas privada, quien los paga es el gobierno.


Otra consecuencia indirecta, estriba en el caso de que la privatización no nos lleve a competencia perfecta, como hemos dicho antes, existirán unas rentas de monopolios. Estas condiciones favorecen objetivamente situaciones de corrupción. Además la proliferación de la contratación externa o los concursos, es fácil que lleven a los sobornos. Aunque también hay que reconocer que la corrupción también es muy común en la gestión pública.
El efecto sobre los salarios y derechos de los trabajadores es una de las trabas más grandes que se han encontrado los gobiernos en la privatización de determinadas empresas. La mayoría de trabajadores no quieren perder la condición de funcionario. Es común que las promesas de remuneraciones más incentivadoras y flexibles en la práctica se traduzcan en reducciones de salarios y contratación “basura”, frente a la seguridad en el puesto laboral que comporta ser empleado público.
Por último, en la privatización de las grandes empresas mediante OPV, se nos quiere mostrar que todos los ciudadanos que han querido han participado en la propiedad de las empresas mediante la compra de títulos. Pero esto es meramente formal, pues el hecho de poseer un paquete de acciones de por ejemplo 12.000 €, otorga unos derechos despreciables sobre la capacidad de decidir sobre la empresa. El bloque de accionistas minoritarios es tan multitudinario que no influyen sobre el control de la empresa. Desde mi punto de vista, se ha utilizado a los accionistas minoritarios como un instrumento más para conseguir “colocar” las empresas.


8. BIBLIOGRAFÍA

· Artículos en Google.
http://www.monografias.com/trabajos5/privatiz/privatiz.shtml#como
· GÁMIR, Luis (2001): “Estado actual, historia y perspectivas de las privatizaciones en España”en Cuadernos de Información económica, núm. 162.
· SÁNCHEZ-VIZCAÍNO, Julián (1998): “Empleo público y privatizaciones” en Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 13.
· SANZ, Andrés (1998): “Las privatizaciones. Algunos aspectos generales” en Cuadernos de Relaciones Laborales, núm. 13.
· http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n



9. OPINION PERSONAL

He elegido este tema porque es un tema que me llamó la atención desde que lo escuché un día en televisión y quería informarme sobre él. Creo que la privatización, como todo, debe hacerse en su justa medida; es decir, si una empresa pública no funciona ya sea por falta de capital o por mala organización y puede privatizarse para beneficio de los consumidores creo que se debería privatizar pero una empresa o actividad que funciona y presta sus servicios adecuadamente a los consumidores debería seguir siendo pública. También hay que decir que hay veces que una empresa privada puede ofrecer mejores servicios que la pública, debido a mayor capital, mejor tecnología…, pero también hay que pensar en los consumidores, si la empresa pública les ofrece unos servicios suficientes para sus necesidades a un precio asequible no se debería privatizar porque esas mejoras se verían añadidas en el precio que podría llegar a ser excesivo.